El 22 de marzo se hizo público (versión provisional) un Informe del Comité de Naciones Unidas de seguimiento de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad (CDPD)[1]; un Informe específico para España que analiza el cumplimiento del Art.24º -derecho a la educación-.
Un texto directo y demoledor y que, posiblemente, es la mayor crítica que ha recibido nuestro país en temáticas de Derechos Humanos (no sólo en relación a personas con discapacidad sino en general); una muy severa llamada de atención como nunca había tenido antes nuestra nación.
Para entender la importancia de este informe es clave conocer dos cosas. La primera es que nuestro país tiene una norma fundamental (la Constitución) que menciona en dos de sus artículos (96 y 10.2) que los tratados internacionales firmados por España forman parte de nuestro ordenamiento interno (son derecho positivo) y que por lo tanto las normas relativas a derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad a los tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país. La segunda es que todas las Convenciones de DDHH (también la de personas con discapacidad) constituyen comités de seguimiento internacionales que son los que interpretan, hacen informes, elaboran documentos aclaratorios -Observaciones Generales- y aportan orientación para poder aplicar los Tratados de la manera correcta.
¿Por qué es tan relevante para España y, sobre todo, tan tajante este documento?
Hay varias razones (basta con leer las Recomendaciones: págs. 17, 18 y 19) pero, en lo esencial, se pueden destacar cuatro:
1º) La educación (inclusiva y de calidad) de las personas con discapacidad es un DERECHO, no una simple orientación, recomendación, principio o diseño pedagógico. Por lo tanto, como tal derecho fundamental, está asociado a la persona con discapacidad y debe respetarse.
2º) Al ser un derecho fundamental de la persona (con discapacidad), está por encima de la decisión de padres, madres u otros familiares. Es decir, el titular del derecho a la educación (inclusiva) es la propia persona con discapacidad. Los familiares tienen el deber de cuidado y apoyo a la inclusión educativa.
3º) Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación (inclusiva) y, por lo tanto, el sistema escolar debe crear apoyos individualizados y ajustes razonables para conseguirlo. Se plantea que hay que transformar el sistema educativo para que esto sea posible y que los apoyos individuales que sean necesarios deben aportarse (la escuela se adapta al niño, no al revés).
4º) El sistema educativo (general) es inclusivo y, por lo tanto, no existe un derecho a la educación especial. No puede haber dos sistemas educativos (general y especial) y, se recuerda, que escolarizar en centros especiales es una forma de discriminación y en consecuencia, incompatible con la Convención de Derechos.
Este Informe debiera generar un pequeño terremoto porque se trata de una muy seria llamada de atención al incumplimiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en nuestro país -en relación a la educación- aunque, por ser sinceros, estamos convencidos que se hará todo lo posible por ignorarlo y evitarlo como ya se hizo con documentos anteriores.
La forma en la que respondamos mostrará si somos el país serio, de ley, riguroso con los Derechos Humanos y comprometido socialmente que muchos dicen que somos.
¿Por qué hay tanta oposición, tanta resistencia al cambio del sistema educativo, tantos intereses creados (políticos y más que políticos) para evitar esta transformación?
En este momento, en España, existe una mayoría de personas con discapacidad intelectual mal atendida educativamente (sin apenas apoyos en el aula, sin adaptaciones, sin que se le permita titular, sin acceso a los mismos contenidos que sus compañeros, sin poder acudir al mismo colegio que sus hermanos…).
Esta mayoría tiene una enorme presión (de colegios, docentes, inspectores y administraciones) para “ir encajando” en las estructuras separadas de la mal llamada “educación” especial, para evitar así tener que hacer cambios profundos en el sistema educativo.
Estas generaciones van pasando por nuestras escuelas, con apoyos muy deficientes, en la mayor parte de los casos, y nuestro país calla o decide no actuar (en el fondo subyace la idea de que muchas de ellas son personas “no educables” y, por lo tanto, ¡para qué vamos a esforzarnos!).
La lucha por dotar de dignidad a la vida de la persona con discapacidad (sobre todo cuando es intelectual) es una larga caminata.
Dos son las razones de fondo que hacen que estos cambios sean tan difíciles, tan retadores:
1-Ajustar el sistema educativo escolar para que proporcione educación a las personas con discapacidad (sobre todo las de tipo cognitivo intelectual) es laborioso. Se trata de transformar la educación (no sólo de ajustes) y eso asusta, genera miedo e incertidumbre, necesita mucho pensamiento, reflexión, dinero, formación y voluntad. Es difícil.
2- La inercia (lo que se podría llamar “la trampa de la ortopedia”). Históricamente nuestro país ha construido un sistema minoritario, separado, de aparente educación, para muchas personas con discapacidad, con la idea de intentar atender mejor a personas diferentes, sobre todo esas situaciones de ámbito sociosanitario (conducta, problemas mentales, discapacidad cognitiva profunda, apoyo médico…). Este sistema, en muchos casos, tiene poco de educativo y mucho de asistencial (sirva de ejemplo el que no se titula oficialmente) pero se le dio ese nombre y se convirtió en la solución fácil, simplificadora y obvia para no enfrentarse al reto real de la educación de todas las personas.
Y en esas estamos...
Este Informe (léanlo, por favor) es un vivo retrato de nuestro país en uno de los temas más difíciles de construir como es el de la educación (inclusiva). Lo difícil es aplicarlo. Lo fácil es obviarlo, negarlo, desacreditarlo… pero, de actuar así, por favor, dejen de hablar de la dignidad de la persona con discapacidad, del derecho a su vida digna, de la igualdad con el resto o del respeto a sus derechos humanos y a construir una sociedad incluyente. Por lo menos, si no nos creemos sus Derechos, evitemos al menos la hipocresía de mencionarlos.
Agustín Matía
Dtor. DOWN ESPAÑA
[1] https://www.sindromedown.org/storage/2024/04/20240322-CRPD_C_ESP_FUIR_1_9983_S.pdf
