En Cantabria se han propuesto garantizar por ley la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello, y con la colaboración de CERMI CANTABRIA, han elaborado un anteproyecto de ley que tiene por objeto proteger los derechos de las personas con discapacidad en ámbitos como la salud, educación, empleo, protección social, justicia, ocio o cultura, entre otros, y que faciliten su acceso a todos estos ámbitos en igualdad de oportunidades.
En palabras de la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Política Social, Eva Díaz, “esta ley redundará en un beneficio personal y social para cada una de las personas con discapacidad, pero también para la sociedad cántabra, que se convertirá a partir de su aprobación en una sociedad más inclusiva”.
El objeto de la ley es promover la igualdad de oportunidades; eliminar y corregir toda forma de discriminación; impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social; asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad; y establecer medidas de accesibilidad.
El texto normativo supone la plasmación en la normativa autonómica de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por el Gobierno de España un año después. Próximamente se podrán consultar el texto y realizar aportaciones para su posible inclusión a través de la web de transparencia del gobierno cántabro y de Cantabria Participa.
Medidas de garantía de los derechos de las personas con discapacidad
La sanidad pública cántabra promoverá programas y actuaciones específicos dirigidos a la prevención de la discapacidad, la atención temprana a los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos y la detección de situaciones de maltrato de las personas con discapacidad. También promoverá y facilitará la formación del personal de Instituciones Sanitarias de Cantabria y la implantación de protocolos de comunicación de diagnósticos y tratamientos.
En lo que se refiere a la educación, promoverá la protección del derecho a la educación, garantizando el acceso a una educación inclusiva y a una atención educativa específica a las necesidades del alumnado.
Para ello, entre otras cuestiones, se garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario y la opción a un centro de educación especial, se aplicarán medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas para propiciar que desarrollen todas sus potencialidades, se evaluarán continuamente los logros y progresos del alumno o alumna con discapacidad, y sus familias recibirán el adecuado asesoramiento individualizado que les ayude en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
También fija que uno de los objetivos prioritarios de las políticas de empleo será elevar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad y de las personas con capacidad intelectual de grado límite que no alcancen un grado de discapacidad del 33%, y en la formación para el empleo promoverá que las empresas dispongan la creación de becas de prácticas para personas con discapacidad.
En lo que se refiere al empleo público, la administración autonómica promoverá cuotas de reserva para personas con discapacidad, reserva de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas para las personas con discapacidad en función de los recursos disponibles, y las medidas necesarias para alcanzar en su plantilla de personal y en el de sus empresas públicas, el porcentaje de personas con discapacidad determinado por el Estado sobre el total de personas trabajadoras.
En la contratación pública se incorporarán cláusulas sociales que otorguen preferencia a las empresas que establezcan mejoras de contratación de personas con discapacidad, y contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción con al menos el 70% de personas empleadas con discapacidad.
Derechos de las personas con discapacidad
Además, el texto garantiza el derecho a la autonomía personal, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho de acceso a la salud, educación, empleo, servicios sociales, en condiciones apropiadas, y el derecho a acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios, basados en la promoción y desarrollo de capacidades.
En el catálogo de derechos que recoge la norma también se incluye el derecho a una atención especializada desde el diagnóstico preciso y precoz, el derecho a los servicios de habilitación y rehabilitación para alcanzar la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida, a la edad más temprana posible, el derecho a que las intervenciones terapéuticas y la atención en los ámbitos sanitario, educativo y social, se desarrollen de la forma menos restrictiva posible, y el derecho a participar en la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar.
Las personas con discapacidad también tendrán derecho a la participación y a la inclusión plena y efectiva de la sociedad y se reconoce el derecho a que las organizaciones de personas con discapacidad sean consultadas en todo momento.
