Desde hace más de 15 años DOWN ESPAÑA aboga en sus declaraciones, publicaciones, documentos y posicionamientos por construir una sociedad abierta e inclusiva para las personas con síndrome de Down que elimine entornos segregados y específicos, y que fomente en ellas su autonomía, autodeterminación, libertad personal y la mejor calidad de vida posible.

En relación a la situación de la educación en nuestro país debemos enfrentarnos al hecho de que no habrá una sociedad inclusiva si nuestras escuelas no lo son, y que por tanto, nuestro sistema educativo debe cambiar y transformarse profundamente para que esa educación inclusiva deje de ser una utopía y para que las familias no tengan que elegir entre el principio de vida en inclusión que quieren para sus hijos e hijas, y la realidad de unos centros educativos segregados o no abiertos a la diversidad.

El II Plan Estratégico DOWN ESPAÑA 2016-2019 ya propone en su 1ª estrategia “promover la reivindicación de los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU 2006 de las personas con síndrome de Down en todas las actuaciones de la Federación y de las entidades federadas” y como primer objetivo: “Aumentar la visibilidad y la extensión de prácticas educativas inclusivas en nuestro país y denunciar las situaciones de discriminación de derechos planteadas por nuestras entidades federadas, familias y personas con síndrome de Down”.

Este II Plan Estratégico define además la Misión de DOWN ESPAÑA: “Queremos facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de su vida y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España”.

En el año 2009 el Manifiesto de la Red Nacional de Educación de DOWN ESPAÑA, decía que entendemos que hacer efectivo el derecho a una educación exige garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquiera, sino una educación de calidad con igualdad de oportunidades. Esto no podría ser de otra manera si aspiramos a que la educación, realmente, contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y solidarias. El ejercicio de la educación inclusiva, recogido en un repertorio amplio de leyes y normas, debe garantizarse y llevarse a la práctica. Sabemos que avanzar hacia la inclusión supone eliminar las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas. Por ello la respuesta activa de la diversidad– en la que se incluyen las personas con síndrome de Down- es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan en la actualidad los centros escolares, las familias y los representantes de las asociaciones e instituciones.

En este mismo manifiesto se afirma que “Aceptar la inclusión supone un proceso, que implica cambios en la filosofía, el currículum, la estrategia de enseñanza y la organización estructural en el sistema ordinario de la educación, sin renunciar a las ayudas o apoyos individuales que todo alumno pueda necesitar. Cada etapa educativa conlleva un reto para la inclusión, cada centro tendrá que buscar y desarrollar sus propias soluciones ante las características de su realidad educativa. Empezar por cambiar el contexto cercano, es la mejor estrategia para avanzar hacia cambios más globales y sistémicos”.

Por otro lado en el año 2016, DOWN ESPAÑA propuso a toda la sociedad en su III Plan de Acción para las personas con síndrome de Down y sus familias en España 2016-2020, el “Reto nº 2: Acceder a la educación inclusiva” entendiendo que los niños y niñas con síndrome de Down deben ser escolarizados de manera inclusiva en el centro ordinario de elección familiar, y que todo aquello que puede resultar imprescindible para favorecer el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual va a ser positivo también para el aprendizaje del resto de compañeros.

También propuso como “Reto nº 3: Estar bien en la educación secundaria”, etapa que se tiene que caracterizar por una transición de la dependencia a la independencia, tanto dentro como fuera del recinto escolar y que debe acabar con la titulación en la misma, como llave más significativa a la vida adulta y reconocimiento a los esfuerzos realizados.

Por último cabe destacar la publicación “Orientaciones para el apoyo a la Inclusión Educativa” elaborada en 2013 como documento de referencia en torno a la Educación Inclusiva de DOWN ESPAÑA, que ya indicaba que “el derecho a la educación que se reconoce para las personas con discapacidad en el artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas, reivindica necesariamente un sistema educativo inclusivo, para todas las personas y en todos los niveles escolares. Se trata de un imperativo legal en el que no cabe la educación especial, que debe ir migrando- en un período razonable- hacia estructuras prácticas plenamente inclusivas para todo el alumnado, sin distinciones, ni acepciones”. Se decía también que: “Un planteamiento inclusivo de la educación implica construir una escuela que esté abierta a todos. No es necesario seleccionar los estudiantes: todos deben ser recibidos, da igual cuáles sean sus características personales y sus necesidades educativas. Debemos promover entornos inclusivos donde todos los alumnos se sientan acogidos, valorados y respetados”; y que: “El centro educativo donde deben ser escolarizados los niños y niñas es indiscutible:  un colegio ordinario, el mismo donde van sus hermanos, sus amigos, sus vecinos…. Si conseguimos que aprendan juntos alumnos diferentes no sólo conseguiremos que aprendan, sino que también conseguiremos algo igual o más importante: que puedan aprender juntos, que puedan estar juntos en el centro educativo, que puedan convivir y vivir juntos. Si lo que pretendemos es progresar hacia una sociedad que no excluya nadie, hacia una sociedad incluyente, necesitamos avanzar, más que nunca, hacia una escuela inclusiva donde se eduque a las futuras generaciones en valores sociales que se aprenden únicamente en contextos de diversidad, como la igualdad, el reconocimiento y la valoración de la diferencia, la solidaridad, la empatía, la ayuda mutua o el compromiso con los demás. Una educación inclusiva que garantice a todo el alumnado el acceso a una cultura común que les aporte una capacitación y formación básica para la vida”.

Por todo ello seguimos planteando desde DOWN ESPAÑA, como hemos hecho siempre y de acuerdo con la última investigación sobre el cumplimiento de la Convención en España en materia de educación inclusiva, la conveniencia de que los Centros de Educación Especial desparezcan como centros de educación segregada de personas con discapacidad abriéndose a la comunidad educativa incorporando alumnos sin discapacidad o apoyando a los centros educativos ordinarios en su propio proceso de transformación inclusiva. La reforma inclusiva de la escuela va a necesitar cambios metodológicos y organizativos en los centros educativos, y todo conocimiento y saber práctico va a ser útil para facilitar el éxito de una transformación tan profunda. Pedimos a los poderes públicos que no se empeñen en mantener políticas del pasado, que no miren hacia otro lado y que aprueben leyes que comprometan obligaciones y compromisos de esa transformación, tanto de calendario a corto plazo como de medidas concretas que lo hagan posible. Pedimos que se aplique y desarrolle una Ley educativa que asegure todas las garantías de que la inclusión educativa va a contar con los apoyos y recursos que sean necesarios, teniendo siempre como objetivo el bien superior del menor con discapacidad y el apoyo a la construcción de una vida lo más plena posible para ellos.

 En DOWN ESPAÑA apoyamos la idea de que “la educación inclusiva es un reto y no un problema: es normal que los alumnos sean diferentes. Por lo tanto, más que preocuparnos por cómo podemos conseguir grupos homogéneos, debemos preocuparnos por cómo podemos enseñar juntos a alumnos heterogéneos con intereses, motivaciones, capacidades y ritmos diferentes. Una escuela de todos y para todos que no ponga requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, la igualdad de oportunidades y la participación de todo el alumnado, y contando para ello con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa, las instituciones, los directivos, los profesores, padres, madres, asociaciones, y los alumnos para hacerlo posible”.

Desde DOWN ESPAÑA nos sentimos cercanos a la complicada situación de tantas familias a las que se les está forzando a elegir un centro educativo no inclusivo para sus hijos e hijas, ante la inexistencia de una realidad educativa acorde a estos tiempos y que, en gran medida, está por construir. Somos conscientes de que toca una época de esfuerzos, cambio y luchas para que la educación inclusiva se convierta en un derecho realmente irreversible, y también sabemos que como toda transformación profunda estos cambios no se conseguirán de inmediato…

La trayectoria de las organizaciones de familias de personas con síndrome de Down a lo largo de las últimas décadas no ha sido fácil, ni cómoda. Ha sido un camino con dificultades y obstáculos que ha requerido de grandes dosis de esfuerzo y empeño personal. Al fin y al cabo, lo que ha estado y sigue estando en juego, no es ni más ni menos que el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir libres en una sociedad de la que formen parte: a vivir en inclusión. Desgraciadamente, no podemos delegar los cambios necesarios que habrá que acometer en materia de educación inclusiva en la mera gestión del Gobierno, o en la buena voluntad de los centros educativos o de las personas al frente de los mismos (el derecho a la inclusión no puede ser nunca una cuestión de suerte o azar). Es por eso que desde DOWN ESPAÑA os pedimos que demos juntos un salto hacia delante y miremos hacia el futuro: no hacia lo que somos, sino hacia lo que queremos ser. No hay otro camino que la inclusión. Y solo el tiempo demostrará que las dificultades, como las que ya vencieron anteriores generaciones de familias en relación a otras demandas, eran un peaje necesario para lograr una meta demasiado importante como para no poner todos nuestros esfuerzos en lograrla. Avancemos hacia la verdadera inclusión: la educación inclusiva es un derecho irrenunciable.

 

Agustín Huete García, profesor de la Facultad de Educación. INICO. Universidad de Salamanca, reflexiona en este artículo sobre el debate actual en torno a la necesidad de transformar el modelo educativo actual en uno verdaderamente inclusivo.

La generalización del Derecho a la Educación es, junto a la Seguridad Social, la Sanidad y los Servicios Sociales, una conquista del Estado de Bienestar Social moderno, para cuyo éxito ha resultado fundamental la aplicación del principio de “igualdad de oportunidades” para todas las personas. Una sociedad es más avanzada cuanto más eficiente es en la extensión de sus sistemas de protección social, esto es, más capaz de dar respuesta al mayor número posible de colectivos en situación de desventaja.

Históricamente, las personas con discapacidad han sido etiquetadas, estigmatizadas y colocadas en una posición de inferioridad frente al resto de la ciudadanía, generando así actitudes de rechazo y conductas de sobreprotección que han conducido, por vías diferentes, a un trato de personas incapaces de valerse por sí mismas. Las personas con discapacidad se han visto así impedidas para ejercer sus derechos, y condenadas a una situación de ciudadanía de “segunda clase”.

Afortunadamente, la discapacidad es concebida hoy no como un problema individual sino social, cuyo resultado es de desventaja a la hora de participar en igualdad de oportunidades en la sociedad. Desde esta perspectiva, dado que las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, la sociedad debería eliminar cualquier barrera que pueda obstaculizar el acceso a los recursos y servicios educativos, sociales, sanitarios, así como a los espacios de participación social, política y cultural.

Una vez entendemos la discapacidad como una forma de exclusión social, como podría ser la de clase social, género o etnia, los sistemas de enseñanza aparecen no sólo como los escenarios donde dicha segregación es más evidente, sino como herramientas poderosas para generar igualdad de oportunidades, con los ajustes necesarios.

La escuela es mucho más que una herramienta para impartir conocimiento, es un agente de socialización clave que reparte capital cultural, modelos de comportamiento, relaciones personales, vínculos, expectativas sobre la propia vida y la de quienes nos rodean. Es por tanto un elemento fundamental para facilitar la inclusión social adaptada, productiva, relevante, significativa y realizada en sociedad. Además, el desarrollo de actitudes inclusivas en la escuela, esto es, en el profesorado, alumnado y demás agentes escolares, contribuye a prevenir la exclusión social en otros ámbitos de la vida comunitaria.

La exclusión del sistema de enseñanza puede traer consigo la exclusión de la sociedad, asentando en el imaginario colectivo la discapacidad con la segregación, es decir, justificando desde la infancia que lo mejor para las personas con discapacidad es que permanezcan aparte, primero en la escuela, después en cualquier otro escenario social. Esta segregación, este engaño, es frecuentemente asumido como adecuado por la propia persona con discapacidad y su familia, porque la exclusión no es posible sin la aceptación tácita de quien la sufre.

La aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la educación hacia las personas con discapacidad no se ha entendido de la misma manera en los diferentes sistemas de enseñanza modernos, aunque en general se han sucedido similares estrategias más o menos exitosas, relacionadas con:

• Especialización y especificidad, como fundamento de la Educación Especial, tienen un valor innegable: el reconocimiento de que los sistemas de enseñanza precisan instrumentos adecuados para adaptarse a las necesidades de apoyo de los niños y niñas con discapacidad, de forma que estos obtengan el mayor rendimiento posible.
• Normalización, integración e inclusión, como fundamento de la Educación Inclusiva, tienen también un valor innegable: el reconocimiento de que los sistemas de enseñanza son, además de necesarios para aprender, fundamentales para acceder a la participación social, la ciudadanía y la identidad en igualdad de condiciones.

Tanto la educación especial, como la inclusión educativa son estrategias orientadas el éxito escolar de las personas con discapacidad, la primera a través de una estrategia técnica, y la segunda a través de una estrategia social. Son por tanto vías complementarias, que únicamente parecen contradictorias cuando entra en juego el espacio, es decir, la ubicación de los recursos especializados en lugares específicos para personas con discapacidad, creando así lugares segregados, incompatibles con la inclusión. He aquí la falsedad del debate: el espacio, el lugar, el edificio.

En realidad, cualquier instancia de la administración educativa puede ser “de Educación Especial” y a la vez “Inclusivo” si cuenta con los recursos adecuados para la enseñanza de cualquier niño o niña. La centralización de estos recursos en un mismo edificio -cerrado además a la enseñanza de niños “sin discapacidad”- es una mera opción burocrática, que mantiene algunos de los efectos virtuosos (aprendizaje, calidad de vida, seguridad, respeto), pero también los más perniciosos de cualquier forma de institucionalización (segregación, invisibilización, discriminación, falta de expectativas).

Los centros o aulas segregadas de Educación Especial son por tanto núcleos privilegiados de recursos y de conocimiento para el máximo rendimiento educativo en las personas con discapacidad, pero suponen una barrera infranqueable para lograr una plena inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad. Y es por su condición de “centros”, no por su condición de “especiales”, por lo que cabe un debate sobre su existencia.

Las necesidades educativas del alumnado con discapacidad requieren, claro que sí, una respuesta especializada y constante a lo largo de todo el período educativo, que permita la maximización de sus capacidades, la obtención del máximo rendimiento y la inclusión social en ausencia de discriminación. Esta cuestión no admite debate alguno. Ahora bien, defender la segregación de los niños y niñas con discapacidad en los Centros separados de Educación Especial como la mejor alternativa para su educación, supone tanto como aceptar el fracaso de la escuela ordinaria en la provisión de los apoyos necesarios para que los miles de niños y niñas que permanecen hoy día segregados, tengan la oportunidad de escolarizarse allí donde les corresponde, en su medio natural.

Este debate no es nuevo, la humanidad se ha preguntado antes de hoy si las mujeres, los negros o los pobres debían ser escolarizados, y después de esto, si debían ser escolarizados en centros aparte, o en las mismas aulas que los hombres blancos ricos. En el fondo, el debate está en si nos creemos realmente que las personas con discapacidad son titulares de la misma dignidad y derechos que el resto de las personas. Si es así, la única alternativa posible es la inclusión, con el despliegue de medios especiales que sea preciso, y con la participación indispensable de los especialistas que durante años han hecho su labor en los Centros de Educación Especial, y que están llamados a liderar la transformación de los centros segregados en la vanguardia de la inclusión. Sin su participación, sin su liderazgo, la lucha contra la discriminación presente y futura de las personas con discapacidad será poco menos que imposible.

Iniciaba esta reflexión tildando de falso el debate actual sobre el cierre de los Centros de Educación Especial. He intentado mostrar que es falso, porque nadie en su sano juicio se plantearía si la Educación Especial debe existir, o si debemos renunciar como sociedad al despliegue de medios y conocimiento que los Centros de Educación Especial albergan. La cuestión en realidad, es si esos medios deben permanecer centralizados y cerrados al resto de la población, o abiertos en un sistema escolar capaz de adaptarse a las necesidades de los niños y niñas. Y aquí viene la que considero auténtica pregunta (o preguntas) para el debate:

¿Está el sistema escolar preparado para disponer los medios técnicos que se necesitan para escolarizar a los niños y niñas con discapacidad en los centros escolares ordinarios?

¿Están los maestros y maestras del sistema escolar ordinario dispuestos a admitir en sus aulas a todos los niños y niñas con discapacidad, y a los especialistas de la educación especial que les apoyan?

¿Están los maestros y maestras de los Centros de Educación Especial dispuestos a salir de la zona de confort que su centro cerrado les supone, para ir a las aulas ordinarias a poner su conocimiento y experiencia al servicio de la inclusión?

¿Están los gestores y los especialistas pedagógicos preparados para flexibilizar el sistema de enseñanza de forma que este se ponga al servicio de los niños y niñas, independientemente de sus habilidades funcionales, y no al contrario?

¿Están, por fin, los gestores del sistema preparados para renunciar a la comodidad de centralizar los recursos en centros especiales, y admitir la complejidad de poner los recursos especiales allí donde están los niños y niñas que los necesitan?

 

 

El pasado mes de junio, Carmen Suárez quiso matricular a su hijo pequeño de 3 años, que tiene síndrome de Down, en el mismo colegio que su hija mayor de 6 en Gijón. Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que su solicitud había sido rechazada –aun cuando su hijo reunía los puntos necesarios – y cuando recibió una carta de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias donde le informaba que se le había asignado una nueva plaza en otro colegio diferente.

El colegio en el que está matriculada su hija mayor, dispone de logopeda, fisioterapeuta y un profesional de audición y lenguaje, pero no de un auxiliar educativo; razón por la cual se rechazó su solicitud y se le reubicó en otro centro –el colegio Príncipe de Asturias- que sí dispone de esta figura.

Pero no es un caso aislado. DOWN ASTURIAS ha recibido recientemente otra denuncia de una familia de Llanera a la que también se le ha denegado la plaza en el centro ordinario que habían solicitado, y se le ha reasignado otra en un colegio que se encuentra fuera del ámbito que les corresponde por domicilio.

El caso es casi idéntico y la razón por la que les deniegan plaza en el centro solicitado la misma: el colegio al que quieren matricular a su hijo dispone de logopeda, Maestro de Pedagogía Terapéutica… pero no de auxiliar educativo. En su caso, los padres -Carlos Borreguero y María José González- llegaron a ofrecer hacerse cargo del coste de la contratación de este profesional. Una de las razones por las que la familia eligió el centro, es porque es el mismo al que se han matriculado todos sus compañeros de ludoteca. «Llevan juntos desde que tienen 10 meses, por lo que la integración de mi hijo sería total», destaca Borreguero.

En ambos casos, las familias señalaron en su solicitud que los niños tienen síndrome de Down y aportaron el informe de evaluación psicopedagógica que establece los apoyos que los niños necesitan en el centro de educativo.

Esto atenta gravemente al derecho a las familias a elegir el centro docente donde escolarizar de forma inclusiva a sus hijos y va en contra de la normativa tanto autonómica como nacional que ampara este derecho. La norma también obliga a las Administraciones educativas a que dispongan de profesionales cualificados, medios y materiales precisos para la adecuada atención del alumnado con discapacidad.

Todo ello se recoge en Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que establece que: “corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado”. Y en el capítulo IV, artículo 15.1 de esa misma ley: “la Consejería competente en materia de educación, garantizará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello, establecerá la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizará los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo”.

Y en la propia normativa autonómica en la Resolución de 26 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Procedimiento de Admisión del Alumnado en Centros Docentes, no Universitarios Públicos y Privados Concertados del Principado de Asturias establece que: “la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará en modalidad ordinaria, garantizando las condiciones y recursos necesarios y teniendo en cuenta la elección de sus representantes legales”.

Según informan desde DOWN Principado de ASTURIAS, la reasignación de plazas en otros centros ordinarios diferentes a los solicitados por los padres se está convirtiendo en una práctica común en el Principado: “Lo que más nos preocupa es que no son casos aislados, desde hace tiempo llevamos alertando que se están concentrando a los niños con necesidades educativas especiales en determinados colegios ordinarios”, afirma la gerente de DOWN ASTURIAS, Tatiana Redondo.

Para el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo: “Es intolerable que, por falta de voluntad política y recursos, se le niegue a las familias el derecho a elegir centro para escolarizar de forma inclusiva a su hijo con síndrome de Down. Pero más grave nos parece aún que, bajo el paraguas de la educación inclusiva, se estén creando espacios agregados en los propios centros ordinarios acumulando a todos los alumnos con discapacidad a los mismos colegios alegando falta de personal o recursos. Esto está muy lejos de ser educación inclusiva”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en la ONU y ratificada por España en 2008 obliga a los Estados Partes a proporcionar «un sistema de educación inclusivo a todos los niveles» y asegurar a que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.

DOWN Principado de ASTURIAS ha enviado comunicados tanto al consejero de Educación y Cultura, como al Defensor del Pueblo en funciones y a representantes políticos del Principado para denunciar estos casos. Al cierre de esta noticia, no había recibido respuesta de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.