Desde este mes y hasta el 1 de julio puedes hacer la Declaración de la Renta de 2018 y, a través de un sencillo gesto, ayudar a millones de personas con discapacidad. Si marcas la casilla 106 de ‘Actividades de Interés Social’ de tu declaración, se destinará el 0,7% de tus impuestos a programas que realizan las entidades sin ánimo de lucro, algo que no supondrá ningún cambio en el resultado de tu declaración. 

Con el objeto de animar a la ciudadanía a que marque esta casilla en su declaración de la renta de 2018, entidades sociales presentaron la nueva campaña de la X Solidaria, que este año invita a los contribuyentes a practicar la ‘rentaterapia’: “Ayudarás a las personas que más lo necesitan y no te costará nada”.

Durante la presentación de la campaña, a principios de este mes, las ONG explicaron que en 2017 un 46% de personas no marcó la casilla 106 de Actividades de Interés Social, bien porque marcó solamente la casilla de la Iglesia Católica (13%) o bien, porque no señaló ninguna casilla dejando en blanco su asignación (33%). Desde DOWN ESPAÑA queremos recordar que marcar ambas casillas es posible y que en ese caso, cada una de ellas recibe un 0,7% de tus impuestos, es decir, se dona un 1,4% de ellos.

Gracias a la colaboración de casi 11 millones de contribuyentes, en el año 2017 se recaudó la histórica cifra de 314 millones de euros, procedentes del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF) y destinados a un millar de programas de más de 500 organizaciones sin ánimo de lucro. Se espera que este año, dicha cantidad sea superada.

DOWN ESPAÑA anima a marcar la casilla de ‘Actividades de Interés Social’, pues es un gesto que no cuesta nada a las personas contribuyentes, y que ayuda, entre otros colectivos que lo necesitan, a las personas con síndrome de Down usuarias de las entidades de discapacidad. Los beneficiarios accederán a programas de atención temprana, empleo, autonomía y salud desarrollados por las asociaciones diseñamos para ellas.

¡Ayúdanos a ayudar, marca la casilla solidaria en tu declaración de la renta!

El Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad evaluó la situación de España respecto al cumplimiento del citado tratado el pasado mes de marzo y ya ha publicado un informe con sus conclusiones. El texto, escrito en inglés y traducido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de manera oficiosa, muestra la «preocupación» del Comité internacional en muchos de los aspectos relacionados con la vida y los derechos de las personas con discapacidad.

El texto ha de ser entendido como un documento de referencia que guíe las políticas del Gobierno, de las Administraciones y de todas las entidades que trabajan para la discapacidad: una auténtica agenda para las políticas de la discapacidad en nuestro país. Por ello, uno de los puntos que señala con prioridad el Comité es la necesaria «revisión de todas las leyes, políticas y prácticas relativas a la prestación de servicios para las personas con discapacidad a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, conforme a los principios consagrados en la Convención y en línea con el modelo de derechos humanos de la discapacidad». Es decir, la obligatoriedad de la aplicación de la Convención que España ratificó en 2008 compete a todo el país, y por ello, no puede haber administraciones que estén ausentes de la aplicación de sus políticas.

Por otro lado, y aunque los expertos de las Naciones Unidas valoran algunos puntos positivos de avance, como son la aprobación y cumplimiento de la Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Reforma Electoral que va a permitir votar a muchas personas con discapacidad, son muchos los asuntos sobre los que el Comité señala recomendaciones a seguir. Más de 50. Dichas sugerencias versan sobre áreas tan específicas como la atención sanitaria, la igualdad de género, accesibilidad, los menores con discapacidad, la toma de conciencia o la educación inclusiva, entre otros. De hecho, son la protección de la integridad personal y la educación inclusiva los asuntos  en que según el Comité «deben adoptarse medidas urgentes«.

Educación inclusiva como principal preocupación

«Preocupan al Comité los escasos avances del Estado parte en relación con la educación inclusiva, incluida la falta de una política clara y de planes de acción para su promoción. Le inquieta al Comité que un número importante de niños y niñas con discapacidad, incluidos niños y niñas con autismo, con discapacidad intelectual o psicosocial o con pluridiscapacidad, sigan recibiendo una educación especial y segregada», dicta el texto.

Dentro del apartado dedicado a la educación inclusiva, el Comité recomienda que se adopten «medidas que conciban la educación inclusiva como derecho«, y que se otorgue a «todos los estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran, e  implemente las demás recomendaciones del informe de su investigación». Además, exige que se «acelere la reforma de la Ley de Educación para que se defina claramente la inclusión educativa y sus objetivos específicos para cada etapa del ciclo educativo y se concrete «una política integral de educación inclusiva que contenga estrategias para promover una cultura de inclusión en la educación ordinaria«.

Es decir, teniendo en cuenta, tanto la Convención como este informe, no debe caber duda alguna sobre la línea que han de seguir las políticas respecto a la enseñanza de las personas con discapacidad en nuestro país. El debate ya no ha de ser sí o no a la educación de tipo inclusivo, sino cómo llevar a cabo las acciones que aseguren el cumplimiento de este derecho aprobado y ratificado por España y por las Naciones Unidas.

Aborto y eutanasia

El organismo de Naciones Unidas también recuerda a España su compromiso con la Convención respecto a dos temas controvertidos, pero cuyas limitaciones están muy marcadas en dicho acuerdo: el aborto y la eutanasia. Respecto a ello, el Comité vuelve a instar a España a que cambie la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a fin de que no se establezca un supuesto especial en función de la discapacidad, y del mismo modo insiste en que esta no se considere un motivo para la eutanasia.

Es decir, el foco del asunto no se centra en aborto o eutanasia si o no, sino en que el plazo para abortar debe ser el mismo tanto si el feto presenta una discapacidad como si no, y por otro lado, que si una persona solicita la eutanasia, esta no podrá ser justificada teniendo como base un motivo de discapacidad.

Recomendaciones generales para un país de referencia

Además, de los temas mencionados, el Comité de Naciones Unidas ha puesto en el punto de mira otros asuntos que según ha publicado en su informe, España, país de referencia en cuanto al cumplimiento de los Derechos de las personas con discapacidad, debería atender siguiendo sus sugerencias. Algunas de las más destacadas son las siguientes:

• Seguir fomentando la formación a jueces y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, profesionales del sector sanitario y profesores, así como al personal que trabaja con las personas con discapacidad, al objeto de fomentar su sensibilización sobre los derechos que establece la Convención
• Introducir medidas eficaces de forma urgente para identificar, prevenir y ofrecer protección de la discriminación múltiple contra las mujeres y niñas con discapacidad.
• Garantizar el acceso universal de todos los niños y niñas con discapacidad a servicios de atención sanitaria primaria, incluidos servicios de atención temprana.
• Garantizar que los espacios abiertos al público cuenten con señalización e información en formato de lectura fácil, y dispongan de servicios de asistencia personal e intermediación, en particular para todas las personas con discapacidades sensoriales o intelectuales.
• Que España elimine completamente los regímenes de sustitución jurídica (incapacitación, tutela,…) en la adopción de decisiones, reconozca la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, e implante mecanismos para la adopción de decisiones con apoyos.
• Derogar el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, para así eliminar completamente la administración forzosa de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de causa de la persona.
• Se reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, garantizando que todas las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia personal que responda a sus criterios personalizados para la vida independiente en la comunidad (con referencias a un abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos por el usuario, y a la autogestión de la prestación del servicio).
• Suprimir el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones residenciales para las personas con discapacidad (que las inversiones se dirijan a mecanismos de vida independiente en la comunidad y en todos los servicios generales para que estos sean inclusivos).
• El Comité solicita a España que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, las administraciones locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación.

 

La investigación «La emoción expresada y la impulsividad en las madres de niños con síndrome de X frágil y síndrome de Down: la relación con los problemas de conducta en su descendencia», de la psicóloga Olga Cregenzán, ha obtenido unos resultados que señalan que a mayores niveles de emoción expresada e impulsividad tienen las madres de personas con síndrome de Down, mayores problemas de comportamiento expresan  sus hijos.

Para entender las conclusiones de dicho estudio, es necesario tener en cuenta que el término emoción expresada refleja la forma de comunicarse que tienen los miembros de una familia. Las personas con alta emoción expresada se comunican con frecuencia de forma crítica u hostil con sus familiares o muestran una excesiva sobreprotección con los mismos o un nivel de auto-sacrificio elevado.

Cregenzán explica a DOWN ESPAÑA cómo la investigación que ha desarrollado junto a Carme Brun Gasca y Albert Fornieles Deu, señala que los problemas de comportamiento que presentan los hijos de madres con alta emoción expresada e impulsividad pueden ser «sociales, atencionales y de impulsividad».

«Los datos obtenidos se pueden interpretar en dos sentidos. Por un lado, puede ser que la mayor impulsividad de las madres haga que reporten un mayor número de problemas de comportamiento en sus hijos, o bien que los problemas de comportamiento en los hijos afectan a las puntuaciones de impulsividad en las madres», explica la psicóloga.

Estos resultados, apunta Cregenzán, han de tomarse «con precaución», pues este área debe seguir siendo investigada, debido a su complejidad. A pesar de esa necesidad de profundización, teniendo en cuenta las conclusiones de la citada investigación, Cregenzán señala algunas recomendaciones para las madres de personas con síndrome de Down y síndrome de X frágil.

«Existen programas que favorecen, entre otras capacidades, la reflexividad, la capacidad de planificación y el autocontrol. Todas ellas, habilidades deseables dado que la crianza de los hijos puede ser estresante y son herramientas que pueden ayudar a actuar durante ese periodo», explica la investigadora.

Un estudio justificado

El interés de esta investigación, disponible en inglés en la revista Research in Developmental Disabilities  reside en su aportación a un aspecto que todavía no ha sido estudiado detalladamente: los factores externos que pueden afectar a las problemáticas de los individuos con discapacidad. «La mayor parte de las investigaciones que se realizan sobre discapacidad intelectual ponen el foco de atención sobre las dificultades que las personas con discapacidad presentan. Sin embargo, existen numerosos factores externos que pueden estar pasándose por alto y pueden tener mucho que ver con cómo se encuentran y cómo se desarrollan», expone Cregenzán.

En este línea, la psicóloga también considera que «para lograr que un individuo con discapacidad intelectual pueda desarrollar su máximo potencial es fundamental intervenir en todas las áreas que le puedan beneficiar. Por esta misma razón, el grupo de investigadores consideró primordial evaluar la emoción expresada y la impulsividad en las familias para ver si podían afectar a los comportamientos de las personas con discapacidad.

«Los seres humanos, al estar inmersos en la sociedad nos vemos influidos por los patrones de comunicación y de interacción familiares y sociales que, de hecho, tienen que ver con cómo las personas construimos el mundo y cómo aprendemos», recalca.

Para finalizar, Cregenzán, quien se muestra muy agradecida a todas las madres que han participado en el estudio, destaca de nuevo la importancia de «continuar investigando y de promover prácticas que puedan aportar luz y ayudar a mejorar la vida de todas las personas».