Es una sensación generalizada: la situación de estancamiento político de nuestro país está generando un enorme hastío de la sociedad hacia la clase política.
Por eso no sorprende que los jóvenes (un sector de la sociedad que, por la precariedad que afrontan, más soluciones y avances demanda a los representantes políticos) sean quienes con más rotundidad se expresan al respecto. Y lo hacen, como es normal, sin atender a si tienen o no discapacidad.
Es el caso de Isabel, una joven con síndrome de Down a la que el diario online ‘El Español’ ha entrevistado con la intención de conocer su opinión sobre este escenario. Y es que ella, como tantas otras personas de su edad, lo tiene claro: «Unas terceras elecciones serían una locura».
Chabeli (como le gusta que le llamen) reconoce que lo que más le molesta son las discusiones. No soporta ver a los políticos discutir una y otra vez en televisión como han hecho esta semana. “Es una locura. Que se junten todos ya”, pide una y otra vez. Una reclamación que parece lógica, pero que los líderes de los partidos no encajan tan fácilmente a juzgar por lo visto durante el debate de investidura.
Isabel García Sánchez-Escalonilla, 30 años, de Fuensalida (Toledo) y con síndrome de Down, es una ciudadana más, con DNI y dirección postal. Por eso se siente con derecho a votar, con derecho a gritar “¡No, no, no!”, dice ante esas posibles terceras elecciones.
Chabeli repasa en la pantalla del móvil los rifi-rafes de la investidura fallida de Rajoy que esta semana ha visto de reojo en los informativos, como muchos españoles, mientras apuraba sus vacaciones. “A mí el que más me gusta es este chico de la coleta… ¿cómo se llama…? ¡Pablo Iglesias! -dice- Me gusta cómo habla a todos. Cuando se pone de pie es atractivo”, opina sobre las intervenciones del líder de Podemos. La joven frunce el ceño, en cambio, cuando Rajoy aparece en pantalla.
Perdió el derecho de sufragio
Chabeli no es experta en política, igual que muchos ciudadanos, pero distingue a los candidatos que le gustan y los que no. Por eso luchó por recuperar el derecho de sufragio que le retiraron en 2009.
Comenzó a trabajar y a ganar un sueldo en 2007 y sus padres pidieron su incapacitación para supervisar los asuntos económicos y patrimoniales de la joven. La sorpresa fue que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrijos la declaraba también incapaz para ejercer su derecho a voto. Paradójicamente, ella ya había votado en las elecciones municipales de 2007 y en las generales de 2008.
Sus padres no dudaron en emprender acciones legales para ayudarle a recuperar el voto. “Siempre hemos buscado la normalidad para Chabeli, que sea igual que cualquier miembro de la familia. Por eso nos parecía muy importante que pudiera votar”, explica Charo, la madre.
Su caso no es el único en España. Si hubiera unas terceras elecciones en diciembre, cerca de 80.000 personas estarían privadas del sufragio por sentencias de incapacitación. La Fiscalía del Tribunal Supremo maneja los datos de las elecciones generales de 2011, último año que los pidió a la Junta Electoral Central. Entonces 79.398 personas estaban incapacitadas por sentencia para ejercer su derecho a voto.
Tanto DOWN ESPAÑA como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) llevan años reclamando un cambio en la Ley Electoral. Consideran que se está produciendo una grave violación de los Derechos Humanos al permitir a los jueces anular el derecho a votar de las personas con discapacidad. Más aún cuando España ha asumido la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que en su artículo 29 recoge la obligación de los Estados a “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política, igual que los demás”.
El examen para las personas con discapacidad
Una de las medidas que reclaman los representantes de las personas con discapacidad es que los exámenes de los forenses para conceder la incapacitación se ajusten a la realidad. A Chabeli, por ejemplo, le pidieron que dibujara el Big Bang en un folio o que describiera una cerradura, como recuerda su padre Miguel García durante la entrevista con ‘El Español’. Chabeli se encoge de hombros y se ríe de la ocurrencia cuando recuerda la escena. Los padres explicaron a los forenses que su hija es totalmente autónoma.
Chabeli acaba de llegar a Toledo tras un verano ajetreado. Primero estuvo en Gandía con sus amigos, y después pasó unos días con su familia en un camping de Cáceres. Ahora toca volver a la rutina. Nos conduce al piso que comparte con otras tres jóvenes.
Ella misma nos enseña la casa. “Este es el salón, esta la cocina”. Es el espacio que más le gusta. Le encanta cocinar, y este verano ha mejorado con los postres. Pero no es su única afición. Chabeli pinta y hasta tiene un estilo concreto: es fauvista. Cuando le preguntamos por sus pintores preferidos, como no podía ser de otra manera viniendo de una toledana, menciona a El Greco. También le gusta bailar y hacer deporte. De hecho, anima a sus compañeras de piso: “Yo soy como la monitora. Les digo todo el rato que vayan a la piscina, que hagan ejercicio… porque nunca quieren salir de casa”, se queja Chabeli.
El padre no entiende que con ese desparpajo los forenses no encontraran la manera de descubrir las aptitudes de su hija: “Creo que todavía no hay preparación suficiente en todos los ámbitos para tratar el asunto de la discapacidad”, reflexiona Miguel García, quien también cree que si hicieran en la calle las mismas preguntas que formularon a su hija, muchos tendrían complicaciones para responder. Probablemente, incluso resultaría difícil a quienes tienen la responsabilidad de formar Gobierno en nuestro país.
Comparte esta idea la directora de la Fundación Aequitas y experta en la materia, la notaria Almudena Castro-Girona. Cree que además de cambiar las preguntas en el examen de los forenses, también hace falta especialización en los juzgados. “La mayoría de las incapacitaciones las dictan los jueces por una mala praxis. Muchos juzgados provinciales manejan tantos asuntos que es imposible conocer todas las leyes”, explica.
En octubre de 2011, la familia García Sánchez-Escalonilla consiguió que se revocara la sentencia de incapacitación de Chabeli y se reconociera su derecho de sufragio. Por los pelos pudo votar en las elecciones generales de noviembre ese mismo año. También lo hizo en diciembre de 2015, cuando además le tocó ser vocal suplente de una de las mesas electorales en su pueblo. Todavía se pone nerviosa al recordar el momento. “Lo estuvimos preparando todo”, cuenta orgullosa. Estudió al detalle lo que tenía que hacer. Mostró mucho interés, aunque finalmente no tuvo que cubrir al primer vocal.
La Navidad es para la familia
Estos días, Chabeli también se preocupa por la situación política de España. Cuando le preguntamos qué le parecería tener que ir a votar el día de Navidad, lo tiene muy claro: “No, por favor”. Y lanza un mensaje a los políticos: “Poneos de acuerdo. La Navidad es para la familia”.
Solo espera que el 25 de diciembre sea un día tranquilo, y poder dedicarlo a cocinar con sus padres. Como la mayoría de los españoles, no quiere cruzar la puerta de un colegio electoral. Sus padres bromean con ella: “¿Te imaginas que te toca ser vocal de mesa otra vez?”. Chabeli se lleva las manos a la cabeza.
Recuperar el derecho al voto
Existen métodos para que las personas con discapacidad recuperen el derecho a sufragio que se les ha arrebatado por sentencia judicial de incapacitación. Para ayudar a que lo logren, DOWN ESPAÑA recomienda el documento “Tienes derecho a votar, que nadie te lo quite”; una guía en Lectura Fácil editada por el CERMI, de libre descarga en la web, que detalla los pasos a dar para recobrarlo y gozar así de un derecho fundamental que asiste a cualquier ser humano. Puede descargarse desde la sección “Publicaciones recomendadas”.
De todas formas, DOWN ESPAÑA recuerda que la recomendación a las familias es que no opten por la incapacitación jurídica, pues contraviene el espíritu de la Convención. En caso de que sea absolutamente necesario, lo recomendable es que acudan primero al fiscal especializado en discapacidad que corresponda a la jurisdicción de su ciudad o provincia, para que pueda analizar el caso, orientarles y proponer el procedimiento más adecuado.
