El pasado 22 de marzo, el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad emitió un informe provisional en el que denunciaba de manera contundente que España vulnera gravemente el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. El informe critica directamente que la LOMLOE “permita un doble sistema de enseñanza discriminatorio” y que las leyes de varias comunidades autónomas respalden “los centros educativos segregadores”. Por este motivo, DOWN ESPAÑA, se ha reunido con Mónica Domínguez García, Dra. general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Según Naciones Unidas, en España hay más de 41.000 alumnos con discapacidad que están escolarizados en alguna modalidad de enseñanza segregadora; cifra que, según se constata, en los últimos años ha aumentado ya que cada vez son más los centros educativos ordinarios que aparta a estos alumnos en aulas especiales. Esta situación es incompatible con el modelo educativo inclusivo que, según dicta la ley actual, debería estar establecido en España en 2031 y, a fecha de hoy, está muy lejos de cumplirse.

Para Agustín Matía, director de DOWN ESPAÑA, el informe deja claro que “la educación (inclusiva y de calidad) de las personas con discapacidad es un DERECHO. No es una simple recomendación y, por tanto, como derecho fundamental, está asociado a la persona con discapacidad y debe respetarse; por encima de la decisión de padres, madres u otros familiares”. “El titular del derecho a la educación (inclusiva) -continúa Matía- es la propia persona con discapacidad y los familiares tienen el deber de cuidado y apoyo a la inclusión educativa”.

Para Matía, puesto que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación (inclusiva), el sistema escolar debe crear apoyos individualizados y ajustes razonables para conseguirlo. “El sistema educativo (general) es inclusivo y, por tanto, no existe un derecho a la educación especial. No puede haber dos sistemas educativos (general y especial). Como señala el informe, escolarizar en centros especiales o en aulas especiales en un centro ordinario es una forma de discriminación y, en consecuencia, incompatible con la Convención”.

Según matiza Matía: “la oposición, la resistencia al cambio del sistema educativo se debe a los intereses creados que quieren evitar esa transformación. En este momento, en España existe una mayoría de personas con discapacidad intelectual mal atendida educativamente (sin apenas apoyos en el aula, sin ajustes…) que tiene una enorme presión (de colegios, docentes, inspectores y administraciones) para “ir encajando” en las estructuras separadas de la mal llamada “educación” especial, para evitar así tener que hacer cambios profundos en el sistema educativo”.

Para DOWN ESPAÑA es “absolutamente necesario” transformar el sistema educativo actual para que los niños y niñas con síndrome de Down puedan aprender en una escuela inclusiva de calidad que garantice su derecho a la educación. Por ello, tras la publicación de este último informe, la Federación se ha dirigido por carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y se ha reunido con Mónica Domínguez García para exigir al Gobierno que se tomen las medidas oportunas para implementar lo antes posible el “Plan para la Educación Inclusiva” -al que el Ministerio en la LOMLOE se comprometió a desarrollar en un plazo de 10 años- que garantice la educación de calidad para todo el alumnado.

En dicha carta, DOWN ESPAÑA, solicita:

• La elaboración urgente del ‘Plan de Inclusión Educativa’ que cumpla los requerimientos de la ONU para que la inclusión educativa se aplique de forma generalizada en nuestras escuelas,. Sin excusas, con valentía y contando con el talento y conocimiento experto que tiene nuestro país”. Para la Federación, “es imprescindible la coordinación con las Comunidades Autónomas y los agentes educativos en este proceso de transformación tan laborioso y complejo, ya que cualquier retraso en su aprobación, conllevaría inmovilismo y posibilidades de fracaso”.
• Que se aprueben medidas de inclusión positivas: accesibilidad, apoyos para la inclusión dentro de las aulas, ajustes en los centros para la eliminación de barreras y la aplicación del “Diseño Universal de Aprendizaje”.

• Que se promuevan cambios en las valoraciones del alumnado con discapacidad, se otorgue mayor importancia a sus potencialidades y se analicen las barreras (estructurales, curriculares, metodológicas, organizativas…) que el sistema tiene para el alumnado en todos los niveles.
• Que se promueva un ambicioso plan de formación del profesorado sobre estrategias y prácticas educativas inclusivas que permita a los docentes convertirse en verdaderos agentes de transformación educativa en las escuelas y que en nuestras Facultades de Educación se fomente la formación, la visión y el enfoque de la inclusión educativa.

• Que se fomente la participación de organizaciones de familias y de apoyo a personas con discapacidad en nuestras escuelas con la finalidad de ofrecer y compartir su formación, conocimientos, experiencia, recursos, etc.
• Que se contemple mayor financiación en los presupuestos públicos que permita llevar adelante el reto de transformación inclusiva de nuestro sistema escolar.

• Que se convoque, cuanto antes, el Foro de Inclusión educativa (como espacio lógico y natural donde plantear este tipo de debates).

Para Matía, “ajustar el sistema educativo escolar para que proporcione educación a las personas con discapacidad (sobre todo las de tipo cognitivo intelectual) es enormemente laborioso porque se trata de transformar la educación, no solo de ajustes, y eso asusta, genera miedo e incertidumbre y necesita mucha reflexión, dinero, formación y voluntad”. “Sabemos de su complejidad, pero si obviamos, negamos o desacreditamos el informe de la ONU y la Convención, si, en definitiva, no nos creemos los Derechos de las personas con discapacidad, evitemos, al menos, la hipocresía de mencionarlos”, concluye.