Tras más de cinco años de lucha para que Ruben, que tiene síndrome de Down, pueda volver a estudiar en un colegio inclusivo, sus padres, Alejandro Calleja y Lucía Loma, tendrán que sentarse en mañana en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de León para responder a la acusación de abandono de familia por el absentismo escolar de su hijo, de 15 años de edad.

El padre y la madre de Rubén se niegan a escolarizar a su hijo en el centro de educación especial (educación segregada) Sagrado Corazón, donde está matriculado de oficio por la Dirección Provincial de Educación desde el curso 2010-11, cuando fue privado de acudir a su colegio ordinario, el público González de Lama de León, con el absoluto desacuerdo de la familia. Desde entonces, Rubén estudia en su domicilio, donde recibe el apoyo de diversos profesores.

Los padres defienden el derecho a la educación inclusiva de su hijo, amparándose en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (que nuestro país ratificó en 2008 y a la que nuestro Estado está obligado a adaptarse) y en la propia Constitución Española. Organizaciones como DOWN ESPAÑA, el CERMI, el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, SOLCOM, el Foro de Vida Independiente, y personalidades como el ex Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, Gerardo Echeita, o Ignacio Campoy, han apoyado públicamente a la familia en su lucha por el derecho fundamental de Rubén.

Paradójicamente, la lucha de estos padres por evitar lo que para ellos sería «condenar a Rubén a una muerte social y la renuncia a una vida en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad» ha sido castigada ante los tribunales. El matrimonio está acusado de abandono de familia tipificado en el artículo 226 del Código Penal y el fiscal, que ejerce la acusación pública, solicita una condena de 8 meses de multa a cada uno a razón de 10 euros por día. En total, la multa suma 4.800 euros, cantidad que el padre y la madre de Rubén se vieron en la obligación de abonar por anticipado en concepto de fianza, antes de someterse a juicio oral y de que exista una sentencia tal y como exigió el Juzgado de Instrucción número 3 de cuando abrió juicio oral.

El fiscal argumenta la acusación en que el padre y la madre «conocen y fomentan» el absentismo escolar de su hijo pese a ser «sabedores de las obligaciones que al respecto les incumbían ya que fueron informados y requeridos al efecto en multitud de ocasiones por profesores, técnicos y Dirección Provincial de Educación», señala en las conclusiones provisionales entregadas hace un año.

Por el contrario, la defensa proclama su inocencia y arguye que «se produce la paradoja de que las víctimas se convierten en acusados por un delito» puesto que «los padres de Rubén reclaman la efectividad del derecho a la educación inclusiva que reconoce la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución, además de la legislación ordinaria, y entienden que la administración se lo ha denegado», explica el letrado de la asociación Solcom, Juan Rodríguez Zapatero.

La vista está prevista a las 10.15 horas de la mañana con la concurrencia de la pareja acusada y siete testigos, tres a petición de la fiscalía y cuatro de la defensa, entre estos últimos, se encuentra Pilar González, directora general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Junta, el presidente de DOWN LEÓN-AMIDOWN, Jesús María Sánchez, el psicólogo del niño, Miguel Ángel González Castañón, y la técnica de la ludoteca a la que asiste Rubén por la mañana en lugar de al colegio. El fiscal pide la comparencia de representantes de la Inspección Educativa, los servicios sociales del Ayuntamiento de León y los equipos de orientación.

Las falsas promesas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

DOWN ESPAÑA y los padres de Rubén entregaron hace unos meses ante en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León las 150.577 firmas recogidas en el portal Change.org que pedían que el joven pudiera volver a estudiar en un colegio inclusivo tras lo cual Pilar González, directora general de Formación del Profesorado e Innovación Educativca, declaró que estaba dispuesta a ofrecer una solución a su caso, e incluso llegó a reunirse con DOWN ESPAÑA y la familia.
Sin embargo, a día de hoy, no se ha ofrecido a los padres de Rubén más solución que la de escolarizar al menor en un centro de educación especial, algo a lo que los padres se han negado durante los últimos cinco años, situación que ha derivado en esta acusación a la que harán frente mañana.

Desde DOWN ESPAÑA queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo al comportamiento de las autoridades educativas de León cuya única salida a la situación de Rubén Calleja ha sido la de obligar al niño a ser escolarizado en un colegio de educación especial, pese a la negativa de los padres y teniendo en consideración que como menor con discapacidad, Rubén tiene derecho, como el resto de niños españoles, a recibir educación en un entorno inclusivo según su libre elección. Por ello, desde nuestra organización nos solidarizamos con los padres y queremos mostrar nuestra incomprensión e indignación por el hecho de que en nuestro país se apruebe una normativa internacional que recoge unos derechos humanos y  a la vez, se quiera acusar a quien simplemente, se ha querido acoger a ellos y velar por su cumplimiento.