La actual ley de Educación, la LOMLOE de 2020, planteaba la elaboración de un Plan de Inclusión en Educación, en el plazo de diez años, para que todos los centros educativos pudieran atender debidamente al alumnado con discapacidad. Es evidente que nada se ha hecho desde entonces y tampoco parece que se vaya a hacer algo concreto en los próximos meses.

Esa misma ley propone, como uno de sus principios básicos, la inclusión. Y es que no puede ser de otra manera. Solo debe haber un sistema educativo (tal como nos dice la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad) que atienda a todos los alumnos y alumnas según sus características y sus necesidades y que los incluya a todos sin distinción. Es más, una educación de calidad, como aspiramos a tener en nuestro país, debería tener como criterio para determinar ese grado de calidad, la capacidad de inclusión real de todos los alumnos.

¿Qué podemos esperar para el futuro de una sociedad que segrega educativamente a una parte importante de su población infantil por el mero hecho de ser distintos? Y, por cierto, cada año son más los alumnos y alumnas con discapacidad enviados a los centros específicos. Si los segregamos desde pequeños, lo más normal es, que después de la escolaridad, esos adolescentes distintos, vayan a seguir segregados en el trabajo, el ocio, la vida en comunidad y en todos los aspectos de su periplo vital.

Muchos padres, profesores, entidades sociales, de renovación pedagógica y otros muchos, llevamos mucho tiempo, (al menos desde finales de los años 70) reivindicando esa necesidad de inclusión educativa de todos los alumnos. Ha habido ya muchos centros que la han hecho posible en sus aulas y en todo el colegio. No podemos seguir hablando de experiencias positivas o de experiencias de éxito. Son una realidad.

No podemos pasarnos más años hablando de lo que tenemos que hacer, de  lo que hay que conseguir y otra serie de desideratas que nos pierden en discusiones vanas y que no conducen a soluciones claras, reales y precisas.

Un plan de inclusión valiente

Hay que hacer ya, que todo el profesorado, que tanto se ha formado en estos temas porque ha tenido ocasiones para hacerlo, dé un paso adelante y asuma como intrínseco a su trabajo, esa atención a los alumnos y alumnas que presentan características distintas, como lo hace con otras situaciones de atención a la diversidad. Que asuman todos los cambios organizativos, metodológicos, estructurales, de apoyos, que hacen falta para que su centro educativo sea realmente inclusivo. El profesorado puede y sabe hacerlo y tiene que ser un gran protagonista de ese cambio educativo que depende en gran medida de ellos y que se corresponde, con su gran y comprometido, desempeño profesional. Nada de todo lo relativo a la educación inclusiva debería hacerse sin contar con ellos.

Hay que hacer ya, que los padres de los niños con discapacidad den un paso adelante y exijan a los centros y a las administraciones que faciliten todo lo que sea necesario para que esa educación inclusiva de sus hijos sea real y efectiva en los centros que les corresponden, como a sus hermanos. Hay que perder los miedos, aunque sé que es difícil tratándose de nuestros hijos, y exigir que se les atienda como es debido, con todas las consecuencias. ¿Qué dirían algunos padres si en la Escuela Inclusiva de sus hijos, hubiera dos profesores por aula, menos alumnos en el aula, especialistas comprometidos, etc.? Tal vez no verían la necesidad de enviarlos a centros específicos.

Hay que hacer ya, que el Gobierno de la nación y las administraciones autonómicas asuman sus obligaciones y cumplan con las leyes que cada uno de ellos ha aprobado y con la Convención de la ONU, que se firma, pero no se cumple.

Hay que favorecer ya, por un lado, el apoyo a los profesores y los centros que están trabajando desde hace tiempo en una educación inclusiva; y por otro, la transformación de los centros de educación especial en centros de recursos y apoyo y  el traspaso de profesores especialistas, que tanto tienen que aportar, a los centros ordinarios como profesores de apoyo a la inclusión. Las administraciones no se pueden ocultar más en medidas de medias tintas como favorecer las aulas especiales en centros ordinarios, como gran solución a la inclusión educativa. Sigue siendo segregación.

Hay que hacer ya, que las organizaciones de la discapacidad apuesten, más fuerte aún si cabe, por la inclusión educativa y exijan que se den pasos adelante significativos. Que nuestra sociedad asuma como propia esa tarea de no excluir a nadie, con la que tantas veces se nos llena la boca a políticos, periodistas, opinadores y a todos en general. No podemos quedarnos en las palabras y tenemos que ir directamente a los hechos.

Por eso, este curso debe ser el año en que un Plan de Inclusión valiente vea la luz. Para que el próximo curso escolar, tengamos propuestas claras de aplicación en los centros escolares y que marquen avances significativos para la inclusión del alumnado. Debe ser el último en el que los datos reflejen que ha habido un aumento del número de niños y niñas derivados a los centros de educación especial. Este curso debe ser ya el último en el que sea posible enviar a los niños de educación infantil, a los más pequeños, a esos centros específicos. Debemos ser valientes ya y asumir el reto.