El Pleno del Congreso dio ayer luz verde a la reforma parcial de la regulación del aborto, con la única novedad de establecer como obligatorio y sin excepción el permiso de los padres o tutores para las jóvenes de entre 16 y 18 años que puedan abortar. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.

Con esta votación la proposición de Ley Orgánica viaja ahora al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril, y que permiten el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, y  hasta la semana 22 “siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto” y en cualquier momento de la gestación si lo que se detectan son “anomalías fetales incompatibles con la vida”.

Este sistema, que establece plazos más elevados en los casos en los que el feto presenta discapacidad, supone una discriminación de facto hacia las personas con discapacidad y, en opinión de DOWN ESPAÑA, es una oportunidad desaprovechada por el Gobierno para acometer una reforma en profundidad que respete el mandato de la ONU que solicitaba a nuestro país acabar con una situación claramente discriminatoria. Una oportunidad que sí aprovechaba el anterior Anteproyecto de Ley que planteaba el ex Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, pero que fue retirada por Mariano Rajoy con el argumento de que no había consenso.

Ahora, la intención del PP es que la reforma complete en el Senado su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre.

DOWN ESPAÑA respeta la libertad de la mujer de abortar legalmente, pero siempre ha defendido que si se mantiene un sistema de plazos, se haga sin establecer diferencias en función de que el embrión tenga o no discapacidad, eliminando por lo tanto el sesgo eugenésico que existe en la actual Ley del aborto y en la reforma aprobada ayer en el Congreso.

La organización lamenta que el Gobierno haya optado por hacer caso omiso a la recomendación refrendada por el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y aprovecha para recordar que acaba de enviar a los diferentes partidos políticos un documento con medidas e iniciativas que mejoren la calidad de vida y la situación de las personas con síndrome de Down en nuestro país. Entre estas medidas se incluye la propuesta para formular una nueva regulación de la Ley del aborto, que elimine definitivamente la discriminación por discapacidad.