El pasado mes de julio DOWN ESPAÑA denunciaba un nuevo caso de segregación educativa de un niño con síndrome de Down en nuestro país. El menor, residente en Cuenca, se veía obligado por un dictamen de escolarización a abandonar el colegio ordinario en el que hasta entonces estudiaba y realizar el curso escolar 15/16 en un Centro de Educación Especial, en contra del criterio de los padres.

La familia no tardó en interponer un recurso de alzada contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La-Mancha, que fue posteriormente desestimado. Este revés no detuvo a los padres del niño en su empeño por defender el derecho de su hijo a una educación inclusiva, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24 y el ordenamiento jurídico español. Así, en agosto la familia presentó un recurso potestativo en el que impugnaba el proceso de escolarización del niño en un Centro Especial.

Es ahora, ante este nuevo recurso de la familia, cuando la Consejería se ha pronunciado emitiendo una resolución que propone al menor realizar una fórmula mixta de escolarización revisable entre un centro ordinario y un Centro de Educación Especial. Una resolución que en la práctica implicaría que el niño fuese unos días de la semana a un colegio ordinario, y otros a uno de educación especial.

Se trata de una decisión que, según el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, “en ningún caso soluciona el problema que la misma Administración causó al discriminar al alumno apartándole de la educación ordinaria”. Cámara va más allá al afirmar que “esta propuesta lo único que va a hacer es empeorar la situación del niño, ya que no se basa en ningún criterio pedagógico, e impedirá al menor seguir un plan de estudios ordenado y constante”.

Para el presidente de la entidad, “forzar a un alumno a repartir su semana entre dos centros distintos es condenarle a no establecer un vínculo firme en ninguno de ellos, negándole su derecho fundamental a la inclusión”.

“Además -dice Cámara- al no ofrecer al alumno los apoyos que precise los días que acuda al centro ordinario, se le está segregando, poniendo trabas a su progreso académico y fomentando su aislamiento. En definitiva, dando argumentos a la Administración para tachar su comportamiento de disruptivo y justificar la necesidad de un Centro de Educación Especial”. “Parece una resolución salomónica a nivel administrativo para tratar de contentar a ambas partes, pero pasa por alto las necesidades y derechos del niño”, concluye el presidente de DOWN ESPAÑA.

Una opinión compartida por el abogado especialista en discapacidad y colaborador de DOWN ESPAÑA, Francisco González, quien menciona que “en este caso se han vulnerado los derechos del niño desde un principio, y la Administración ha querido arreglarlo modificando su decisión, lo que implica que reconoce que ha actuado mal en el procedimiento y en la resolución. Lo que sucede es que la opción que proponen para el menor parece hecha para salir del paso”.

González aclara que “la familia ha tenido que aceptar esta decisión para no perjudicar más aún la evolución del niño, ya que el curso acaba de comenzar y bajo ningún concepto quieren dejar a su hijo sin escolarizar”.

El abogado insiste en que “la Consejería ha vulnerado el derecho a una educación inclusiva recogida en la Convención”, y recuerda que en nuestro país “las normas relativas a los derechos de las persona con discapacidad se deben interpretar siempre a la luz de lo que señala la Convención, tal y como recoge la Constitución Española”.