Rubén, junto a sus padres Alejandro y Lucía, ante la Consejería de Educación.

Esta mañana DOWN ESPAÑA ha acompañado a Alejandro Calleja y Lucía Loma -padres de un niño con síndrome de Down- para entregar en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León las 150.577 firmas recogidas en el portal Change.org que piden que su hijo Rubén pueda volver a estudiar en un colegio inclusivo.

Estas firmas representan el enorme respaldo social obtenido desde que en noviembre de 2013 DOWN ESPAÑA iniciara una campaña para dar a conocer a la ciudadanía la situación de este niño, y con su entrega a la administración educativa regional, tanto la Federación como la familia confían en que se avance en el proceso de búsqueda de una solución que garantice un colegio inclusivo para el menor.

Las cuatro cajas que contenían el apoyo de los miles de ciudadanos sensibilizados con el caso han sido entregadas por los padres de Rubén, a quienes ha acompañado su hijo, y por el gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, para quien este acto debe servir para «recordar que la educación inclusiva no es una opción; es una obligación que nuestro sistema educativo debe asegurar». «La inclusión educativa no sólo debe sustentarse en la voluntad de integrar a alumnos con distintas capacidades, sino en la convicción de que con ella se refuerza la calidad de todo el sistema educativo«, ha añadido el gerente de la entidad.

Matía ha recordado que «estamos ante un claro ejemplo de regresión en materia de inclusión educativa, y también de indefensión, ya que los apoyos y ajustes que la Administración debe realizar para garantizar la educación de cualquier alumno con discapacidad, en este caso se han rechazado sin ofrecer ninguna clase de argumentación».

Para DOWN ESPAÑA el caso de Rubén es la prueba evidente de la vulneración que sigue existiendo en materia de derechos fundamentales para las personas con discapacidad en nuestro país, y demuestra la enorme frialdad de un sistema jurídico que contrapone la vigencia de un sistema educativo tradicional frente a un sistema educativo consensuado, inclusivo y participativo.

Rubén, un niño con síndrome de Down víctima de la segregación

La familia, acompañada del gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, llevan las cajas con las firmas.

Rubén Calleja cursó sus estudios en un colegio con niños sin discapacidad donde se encontraba plenamente integrado hasta 4º de Primaria, cuando a instancias de un profesor que no le aceptaba en clase se solicitó un informe que determinó que el niño debería acudir a un Centro de Educación Especial, siendo segregado y vulnerándose su derecho a una educación inclusiva. Finalmente la Delegación Territorial de Educación de León decidió derivar a Rubén a un centro de esta modalidad, contrariamente al criterio de sus padres, que se negaron al considerar «que en ese centro nuestro hijo iba a sufrir una regresión importante. Por eso Rubén lleva tres años aprendiendo en casa, porque no nos han dado otra solución y porque queremos luchar por el derecho de nuestro hijo a estudiar en inclusión», dice Alejandro Calleja.

La familia inició los trámites para recuperar el derecho a la educación inclusiva que asiste a Rubén, tal y como recoge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en su artículo 24 («los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad»), que España ratificó en 2008.

Los padres de Rubén reclamaron ante la administración educativa y ante la jurisdicción contenciosa. A pesar de ello, el pasado mes de junio el Tribunal Constitucional cerró las puertas al caso, no admitiendo a trámite el recurso de los padres de Rubén, que pedían que se garantizase el derecho de su hijo a la educación inclusiva, apelando a los artículos 27 y 14 de la Constitución Española así como a la citada Convención.

La familia elevó entonces el caso a la máxima autoridad judicial para la garantía de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en Europa, el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. «Creemos en el derecho a una educación inclusiva, y nos hubiera gustado que los órganos judiciales de nuestro país nos ofrecieran una resolución justa y acorde a la Convención que España firmó, pero no nos ha quedado más remedio que acudir a Estrasburgo» comenta Alejandro. A esta Corte se llevan casos en los que se hayan agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en un Estado. En este caso, los padres de Rubén presentaron una denuncia contra el Reino de España por violación de derechos fundamentales.

La Fiscalía del Estado se pronuncia a favor de una reconsideración

Las firmas fueron recogidas en la secretaría de la Consejería.

En su momento, la Fiscalía de León imputó a los padres un delito de abandono familiar por negarse a que su hijo fuese escolarizado en un centro de educación especial. Contra esta denuncia se ha pronunciado la propia Fiscalía del Estado, que en un reciente informe de Carlos Gazenmüller -el experto al que recurrió la fiscal de sala coordinadora de menores- subraya que «el fiscal de menores de León debía haber agotado la actuación de prevención y colaboración» antes de plantear la acusación de abandono de familia.

Este informe recomienda reconsiderar «la acusación formulada», remitiendo copia del mismo a la Fiscalía de León «sometiendo a consideración de su fiscal jefe los argumentos expuestos en el mismo y la necesidad de barajarlos adecuadamente en el acto del juicio oral».