Después de 14 años de lucha en diferentes tribunales, por fin ha llegado una noticia muy esperada para la familia de Rubén Calleja, el joven con síndrome de Down a quien se excluyó de la enseñanza en un colegio ordinario. Ahora, el Tribunal Supremo ha sentenciado que el dictamen del comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que señalaba que Rubén fue víctima de discriminación es vinculante. Por tanto, el Estado español deberá reparar o compensar los daños económicos, morales y emocionales sufridos por el menor y su familia, que sufrió un auténtico calvario llegando a ser acusados de un delito de abandono familiar por negarse a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial.

Nada más conocer la sentencia, DOWN ESPAÑA ha hablado con Alejandro Calleja, padre d Rubén, para conocer sus impresiones.  “Estamos felices. Después de tantos años, por fin se reconoce el derecho a la dignidad de Rubén, y su derecho fundamental a una educación inclusiva que le fue negado durante años”. Por otro lado, Calleja afirma que “esta sentencia es el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en España, a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y a los derechos que reconoce la propia Constitución española, que en el caso de Rubén se han vulnerado sistemáticamente. Lo más importante es que sienta un precedente y crea jurisprudencia y que se beneficiará de ello aquellos que vengan detrás”, añade.

Por otro lado, la Federación también ha conversado con el abogado experto en educación inclusiva que ha llevado este caso, Juan Rodríguez Zapatero. “Esta sentencia es una llamada de atención urgente al conjunto de los poderes públicos y señala la necesidad urgente de que se adopten todas las medidas necesarias para adaptar la legislación educativa a la Convención”.

“La sentencia del Tribunal Supremo tiene un alcance importante porque señala que los dictámenes del comité de las Naciones Unidas son a partir de ahora vinculantes a nivel jurídico. El comité dictaminó en su día que en el caso de Rubén hubo una lesión de derechos fundamentales, y ahora el alto tribunal ha emitido una sentencia que los avala”, explica.

Para el jurista, esta sentencia “refuerza la Convención de las Personas con Discapacidad, y marca el camino para que cualquier persona o familia que vea sus derechos fundamentales vulnerados acuda al comité de la Convención”. Eso sí, a pesar de la importancia de la sentencia, según explica el experto, si no cambia la legislación y una familia ve vulnerado el derecho de su hijo o hija a una educación inclusiva, tendría que agotar todas las instancias judiciales antes de recurrir al Comité, un camino que podría llevar más de una década.

Para el abogado “no se trata de que las familias sean héroes y se sacrifiquen como la familia de Rubén, sino de que se reforme de una vez por todas el sistema educativo para adaptarlo a la Convención y así garantizar el derecho a una educación inclusiva de todo el alumnado”.

También es importante recalcar que esta nueva sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona las anteriores sentencias, ya que no han sido revisadas. Lo que recalca es que no se adoptaron las medidas de eficacia para proteger a un menor que fue discriminado por su discapacidad.

Para Rodríguez Zapatero, “el estado español no actuó como debía. Vulneró el derecho a la educación inclusiva de Rubén. Ahora el camino es claro y no podemos mirar para otro lado. Es un hecho palpable que España no está cumpliendo la Convención y es necesaria una reforma del sistema educativo”.

Sobre la necesaria reforma, el experto apunta que “debería llegar cuanto antes porque es una exigencia que no sólo debería ser de las familias de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad. Hace falta ya una ley de inclusión educativa y un consenso de todos los partidos políticos porque hablamos de un derecho fundamental. Hay que exigir que el Estado cumpla con su deber”.

Sentencia del Tribunal Supremo, disponible haciendo click aquí.

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DOWN ESPAÑA pedirá al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que valore si la discriminación cometida por el director de una guardería pública de Alcantarilla (Murcia), a una niña con síndrome de Down, es una vulneración de derechos fundamentales y puede ser constitutiva de delitos penales. El director pretendía cobrar a la niña el doble de la tasa establecida por el ayuntamiento para los gastos de escolaridad, comedor y material escolar por razón de su discapacidad.

Desde DOWN ESPAÑA consideramos que este caso es claro ejemplo de regresión en materia de inclusión educativa y una prueba evidente de la vulneración que sigue existiendo en materia de derechos fundamentales para los niños con discapacidad en España.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de enero cuando Mercedes se encontraba en la búsqueda de una guardería para Arya, siguiendo las recomendaciones de la asociación de ASSIDO MURCIA, donde la niña recibe atención temprana. Tras visitar la Escuela de Educación Infantil Madre Piedad de la Cruz, de Alcantarilla, le pareció una buena opción para su hija, que entonces tenía dos años y medio. El primer contacto que Mercedes mantiene con el director es telefónico y asegura que en esa primera conversación “me dijo que mi hija ocupaba una plaza doble si tenía una discapacidad o si se autolesionaba: así que, en vez de abonar 200 euros al mes como el resto, tenía que pagar 400 euros». Mercedes pidió entonces una reunión presencial con el director quien volvió a reiterarle lo que habían hablado anteriormente, explicándole que todo partía de “un tema económico” y que la valoración de si ocupaba o no doble plaza la hacía él mismo.

Tras valorar la situación, Mercedes puso entonces los hechos en conocimiento del propio consistorio a través de un escrito que también dirigió a la Concejala de Educación, la Inspección de Educación y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia. El consistorio ha impuesto una pequeña multa económica de 300 euros al director de la escuela infantil por entender que realizó una interpretación errónea de la normativa que regula la escolarización de los niños con necesidades educativas especiales en los centros de Enseñanza Preescolar. Ante lo que la madre califica como “una falta de firmeza de la administración” la intención de Mercedes es “llegar hasta el final, porque han menoscabado la dignidad de mi hija, y lo voy a hacer por ella y por todos los que vengan detrás”.

DOWN ESPAÑA recuerda toda la legislación que existe en nuestro país en relación a la no discriminación de las personas por razón de su discapacidad:

-Los Artículos 14 y 27 de la Constitución Española recogen el derecho fundamental a la educación y a la igualdad de los españoles y prohíbe toda forma de discriminación.

De la conjunción de ambos artículos se desprende que las personas con  discapacidad tienen  derecho  a  una educación dentro de un sistema inclusivo a todos los niveles, en igualdad de condiciones con los demás.

-La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -que España ratificó en 2008- y que es de obligado cumplimiento en nuestro país al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos, en su artículo 2 establece que por discriminación por motivos de discapacidad se entiende “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. En el mismo sentido, el artículo 5 prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad y su artículo 24 establece, sobre la base de la igualdad de oportunidades, que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad y se asegurarán que no queden excluidas del sistema general de educación por motivo de la discapacidad”.

-Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación en su artículo 74.1 recoge que “la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá  por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo (…).

-La misma Región de Murcia establece en su Decreto n.º 359/2009, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado que “el Proyecto Educativo de centro acogerá positivamente el respeto a los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, conforme establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.