El estudio es un proyecto pionero que aborda los distintos modelos de protección a las familias de personas con discapacidad en países avanzados. Este informe está basado en un cuestionario que cubre las áreas de laboral, civil, fiscal, y vivienda, entre otras, elaborado gracias a la colaboración del CERMI y Fundación ONCE, entre otras entidades, y que se encuentra actualmente en fase de estudio y análisis.

En el acto de presentación del informe se han destacado algunos ejemplos de buenas prácticas en este ámbito. Así, se han mencionado los incentivos directos a quienes cuidan a personas con discapacidad en Alemania, o que en Reino Unido las políticas están más dirigidas a las personas, y no tanto a la familia; también el caso de Bélgica, donde destaca la dispersión normativa.

Legislación

Sobre la legislación española, se ha subrayado que está «bastante adelantada» en materia de familia y discapacidad, sin perjuicio de que se puedan adoptar otros modelos de apoyo a las familias de personas con discapacidad. El problema, según se ha señalado, es la financiación para ciertos recursos: «tenemos mucho que importar, pero es necesario el presupuesto», se incide.

En cuanto al concepto de discapacidad en los distintos países, destaca el caso de Francia, cuya legislación es reciente (2005) e incorpora conceptos modernos: no sólo aborda cómo es la discapacidad, sino también cómo afrontar las situaciones de discapacidad, aunque su aplicación ha sido «muy lenta», se ha puntualizado.

En esta línea, en los casos de Bélgica, Reino Unido y Arabia Saudí, la normativa recoge un concepto que no es único, así como su procedimiento, que se basa en la imposibilidad de la persona con discapacidad de desenvolverse en su vida diaria, mientras que en Alemania y Francia, el concepto de discapacidad sí es único.

Empleo, sanidad y educación

Con relación a la legislación laboral, el país donde más importancia se concede a la familia de las personas con discapacidad es Alemania, donde, a los cuidadores de este colectivo se les aplica reducción de jornada con derecho a subsidio, así como excedencias con derecho a desempleo y parte del salario en forma de crédito. Además, en materia de Seguridad Social, la persona que trabaja a tiempo parcial dedica parte de su jornada al cuidado de una persona con discapacidad, complementándole esas horas de desempleo, «como una especie de cotización virtual».

En Francia, existe un Plan Integral de Personas con Discapacidad y se dan importantes ayudas económicas a las empresas cuando se incorpora en su plantilla una persona con discapacidad. También se ha desarrollado un programa específico de formación para solicitantes de empleo y ayudas económicas a empleadores para adecuación del tiempo de trabajo.

En Rusia, por otra parte, han planteado el límite de la jornada para personas con discapacidad, más vacaciones para personas con discapacidad y los cuidadores, o que el despido del cuidador de una niña o niño con discapacidad sea nulo.

Otra de las áreas a las que se refiere el informe es la de la cuota de la reserva de empleo. En Francia se sitúa en el 6%; en Arabia Saudí, en el 4%; en Bélgica, en el 3% para las Administraciones, que, además, para asegurar su cumplimiento, no aplican sanciones, sino que llevan a cabo sistemas de fomento de esa cuota; en Rusia, el 2% y creación de bolsa de empleo; mientras que en Reino Unido no está establecida esa cuota, sino que plantea los ajustes razonables para adaptar los lugares de trabajo para personas con discapacidad.

En materia de sanidad y asistencia, en España existe un sistema sanitario integral, igual que ocurre con la asistencia; mientras que en Alemania se dan ayudas económicas para un seguro privado para personas con discapacidad; en Rusia, hay transporte gratuito a los centros de asistencia; y en Arabia Saudí, centros de asistencia integral, pensados para asistencia prolongada e indefinida.

Por otra parte, en el ámbito educativo destaca el caso de Estados Unidos, donde se pone el énfasis en la igualdad de oportunidades para todos los alumnos; y en Francia, con una alta integración de las personas con discapacidad en los mismos centros educativos que el resto de personas.