Con la emoción apenas contenida, Alejandro Calleja nos ha contado esta mañana lo que supone para la familia el dictamen del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, con el que se pone fin a 10 años de lucha sin tregua en los tribunales para defender los derechos y la dignidad de su hijo. “Siempre pensé que ganaríamos la batalla, cada vez que caíamos sabíamos que nos teníamos que levantar. Nuestra lucha no ha sido en vano», nos explica.
El Comité ha dictaminado que el Estado español violó los derechos de Rubén y le discriminó cuando le apartó de la escuela ordinaria y le quiso obligar a acudir a un centro de educación especial. Los padres se negaron y por eso fueron acusados de un delito de abandono familiar. El niño pasó más de 7 años recibiendo educación en casa apoyado por sus padres y algunos profesionales, una situación con un elevadísimo coste personal, familiar, social, de salud y económico asociado al “durísimo proceso de defensa del derecho a la educación inclusiva de Rubén”.
El Comité dictamina ahora que el Gobierno de España incumplió sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva; el respeto al hogar y a la familia; la protección de la integridad personal, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el acceso a la justicia, así como en asegurar que los niños y niñas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos.
Un dictamen demoledor que supone un hito en la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en España.
El dictamen obliga al Gobierno de España a:
-Proporcionar a la familia una reparación efectiva, incluido el reembolso de costas judiciales pero teniendo en cuenta también los daños emocionales y psicológicos sufridos como consecuencia del trato recibido y del manejo de su caso por las autoridades competentes.
-Garantizar que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional “efectivamente” inclusivo, en consulta con él mismo y sus padres así como a investigar efectivamente las alegaciones de malos tratos y discriminación y asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles.
-Reconocer públicamente la violación del derecho de Rubén a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas.
– Asumir su obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Uno de los puntos fuertes del dictamen es que el Comité solicita al Estado español, que acelere la reforma legislativa, de conformidad con la Convención, y que adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general, independientemente de sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que requieran. Por otro lado el Estado debe formular una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión en la enseñanza general, que comprenda la realización de evaluaciones individualizadas y basadas en los derechos humanos de las necesidades educativas y los ajustes necesarios, la prestación de apoyo a los docentes, el respeto de la diversidad para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
Asimismo, se pide al Estado que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias y vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones.
Para concluir el Comité pide al Estado español que presente ante el Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, que habrá de incluir información sobre las medidas que haya adoptado en vista del presente dictamen y las recomendaciones del Comité.
Así comenzó todo
Todo comenzaba en 2009, Rubén tenía en ese momento 10 años, y asistía a 4º de primaria en el Colegio Público ordinario Antonio González de Lama, en León. Desde el comienzo de curso su tutor no aceptó su discapacidad, sometiéndole a diferentes situaciones de abandono y maltrato. Según testificarían más tarde ante el juez dos madres de sus compañeros de clase, el tutor llegó a cogerle del cuello amenazando con tirarle por una ventana y también le amenazó con golpearle con una silla. El mismo manifestó poco después a los padres que su hijo era “insociable y peligroso”, y les aconsejó que le matricularan en un centro de educación especial. Otra profesora del centro le propinó varias bofetadas.
Al año siguiente (2010) y nada más comenzar 5º de primaria, el nuevo tutor de Rubén no consideró necesario que el niño contase con el apoyo de la Asistente Técnico Educativa, como venía haciendo en los años anteriores. Solo tras la queja de los padres, volvió a contar con ese apoyo, aunque el tutor mantuvo siempre una actitud negativa hacia esta asistente y no colaboró con ella. Los padres presentaron una queja ante la Dirección Provincial de Educación de León por el abandono y la desatención del menor. En diciembre de ese mismo año, una trabajadora social realizó un informe de Rubén en el que se resalta que el niño comienza a tener problemas de adaptación escolar debidos a la mala relación con el tutor y aconseja cambiarle a otro centro de similares características, nunca a un centro de educación especial. En diciembre de ese año, y en marzo del año siguiente y sin pedir autorización a sus padres, se realizan dos dictámenes de escolarización. En el primero se habla de un “comportamiento perturbador” del niño, así como de “brotes psicóticos” y un retraso evolutivo general “asociado al síndrome de Down”. En el segundo se propone la escolarización del niño en un centro de educación especial. La conclusión de ese informe era inválida pues no tomaba en cuenta los malos tratos y abandono sufridos por el menor, sino que muy al contrario manifestaba que “el trato del profesorado hacia el niño es bueno”.
En 2011 da comienzo el largo periplo judicial de la familia cuando denuncian ante la Fiscalía de menores de León, el maltrato y la discriminación sufridos por Rubén en los cursos 2009/2010 y 2010/2011. La denuncia fue archivada.
En junio les fue comunicado a la familia la autorización para matricular a Rubén en el Centro Educativo Especial “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de León”. Los padres se negaron y presentaron un recurso por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León en el que impugnaban la decisión de la Dirección Provincial de Educación. Solicitaron que su hijo fuese matriculado en un centro educativo ordinario. El juzgado desestimó el recurso pues consideró que no se violaba ningún derecho constitucional.
Los padres de Rubén decidieron entonces no escolarizarlo. Empezaron a un largo camino que les obligó a cubrir durante 7 largos años las necesidades educativas de su hijo. Ellos mismos le daban clase en casa, ayudados por diferentes profesores de apoyo. Todos se organizaron para que Rubén continuase con su formación a pesar de la complejidad de las circunstancias.
Después llegaría (2012) el recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se desestimaría meses después, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (2013), que el citado órgano no admitió a trámite.
“A veces todo parecía imposible – nos explica Alejandro Calleja, pero decidimos seguir adelante y no rendirnos”. Lo peor estaba aún por llegar, ya que en mayo de 2014 la Fiscalía Provincial de León presentó una denuncia en contra de la decisión de los padres de Rubén de no escolarizarlo alegando que “era constitutiva de un delito penal de abandono de familia”. Padre y madre tuvieron que depositar entonces una fianza, aunque un año después se les absolvió de los hechos.
En 2014 la familia lleva el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, pero la demanda es declarada inadmisible por una decisión en formación de juez único, un nuevo varapalo para los padres de Rubén que durante un tiempo pensaron que lo tenían todo perdido.
Actualmente, Rubén se encuentra iniciando el último curso de una FP básica adaptada en la entidad leonesa DOWN LEÓN Amidown, que le permitirá trabajar como auxiliar administrativo en cualquier empresa ordinaria.
En todo esta andadura la familia de Rubén ha contado con diferentes organizaciones y profesionales que les han apoyado en su lucha por la educación inclusiva:
Organizaciones como DOWN ESPAÑA (que realizó una enorme campaña de difusión de la vulneración de derechos que se estaba produciendo con Rubén y que organizó una recogida de firmas en Change.org con la que consiguió más de 150.000 firmas de apoyo al caso así como multitud de comparecencias en medios de comunicación para dar a conocer la situación por la que pasaba la familia); SOLCOM , que acompañó a la familia en el larguísimo proceso de defensa legal del caso; el abogado Juan Rodriguez Zapatero; el CERMI; el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; el Foro de Vida Independiente, y personalidades como el ex Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, Gerardo Echeita, o Ignacio Campoy.
Seguimiento del caso de Rubén por parte de DOWN ESPAÑA:
