El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lamentó ayer martes 13 de diciembre (fecha en la que se cumple una década de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) que España no haya estado “a la altura del proyecto ambicioso” que supone este tratado, al igual que en su opinión ha sucedido en otros muchos países.
En estos términos se manifestó su presidente, Luis Cayo Pérez, durante la presentación en la sede de la agencia Servimedia del libro ‘La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia’, dirigido por él mismo y Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE. Además, la coordinación técnica ha corrido a cargo de Beatriz de Miguel, de la Fundación Derecho y Discapacidad.
“Quizá en diez años es imposible que se hubieran alcanzado todos los mandatos de la Convención, pero sí podemos decir con una cierta paciencia histórica que los estados, y entre ellos España, no han estado a la altura del proyecto ambicioso de la Convención”, insistió el presidente del CERMI, que si bien reconoció que “la crisis económica ha sido un factor que desde luego no ha ayudado”, la mayoría de aspectos que había que cumplir no dependían de un mayor gasto, “sino de un mayor compromiso y voluntad política para cambiar aspectos inasumibles”.
En este punto, explicó que por número de personas afectadas, en España el principal elemento de incumplimiento es que no se haya modificado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho al voto a casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no lo tienen reconocido actualmente. “Lo del derecho de sufragio produce a veces un sentimiento de estafa”, afirmó Pérez, argumentando que por ejemplo, sí se ha logrado recientemente alcanzar un acuerdo para modificar la LOREG para evitar que si se repetían las elecciones no hubiera que votar el Día de Navidad.
En el “memorial de agravios”, el máximo representante del CERMI resaltó la “gravedad” que tiene el hecho de que pese a los avances, no se hayan prohibido por completo las esterilizaciones forzosas que sufren fundamentalmente mujeres y niñas con discapacidad. “Se interviene sobre el cuerpo de una persona sin su consentimiento, que es sustituido por el de un juez y se priva de la posibilidad de tener descendencia, impidiendo que pueda reproducirse. NO deja de ser una mutilación de una función corporal”, agregó.
La privación de libertad que todavía sufren algunas personas por razón de discapacidad; que sigan existiendo 40.000 menores con discapacidad que estudian en centros segregados y no en un único sistema de educación inclusiva; la falta de promoción de la figura del asistente personal en detrimento de soluciones residenciales; la ausencia de accesibilidad universal en muchos bienes, servicios e infraestructuras de todo el país, y la elevada prevalencia de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad con respecto al resto de la población femenina, son algunos de los elementos por los que todavía no se cumple en España la Convención de la ONU.
En todo caso, el presidente del CERMI hizo hincapié en la importancia que ha tenido la aprobación de este tratado de la ONU, “el hecho de mayor calado político-jurídico para las personas con discapacidad a nivel internacional”, y alabó que España fuera uno de los estados que antes ratificó la Convención y el segundo en ser examinado sobre su grado de aplicación (2011).
En este sentido, recordó que en 2017 España volverá a ser analizada, con el fin de verificar si se han puesto en marcha las recomendaciones que recibió en 2011, “y tristemente en estos cinco años, el año que viene serán seis, gran parte de lo que había que cambiar sigue sin modificarse”.
El libro publicado con motivo del décimo aniversario de la Convención de la ONU ha sido una de las acciones llevadas a cabo durante este año para poner en valor e impulsar la visibilidad de este texto. La obra consta de una decena de capítulos, cada uno escrito por una persona experta en materia de derecho y discapacidad, en los que se abordan temas como el de género y discapacidad, la Convención como marco de interpretación de los derechos fundamentales de la Constitución Española o las asignaturas pendientes por parte de España para cumplir el tratado.
